Afortunadamente, uno no es lo que dice ser por muchas veces que lo repita. Vicente Aroca, aunque en los dos años y medio que lleva como alcalde ha puesto todo su empeño en presentarse como un político moderado, sonriente y simpático, es un gestor malhumorado, que no acepta nunca las críticas (sólo hay que ver el último Pleno) y que, a tenor de lo que hace y no de lo que dice, trata de poner todas las trabas posibles al trabajo de los periodistas, que, en resumidas cuentas, se basa en ofrecer informaciones veraces de asuntos de interés público. Y entre esos asuntos, evidentemente, ocupa un lugar destacado la gestión de un gobierno, ya sea nacional, regional o local.
Restringir el acceso a lo que ese gobierno debate y aborda en las reuniones que, por ley, tienen que celebrarse periódicamente supone dejar al descubierto una forma de entender la vida pública muy alejada de lo que, con tanta torpeza como demagogia, proclama el primer edil en cuanto ve un micrófono amigo cerca. Poner trabas al derecho de los ciudadanos de saber qué llevan entre manos sus gobernantes y hacerlo escudándose en una Ley que, según los expertos en Derecho, no se creó para limitar el principio de publicidad de que debe regir en todas las Administraciones Públicas es un hecho sumamente grave. Y parece de una desvergüenza total -al tomar por tonto al ciudadano- que se erija en defensor de la intimidad el mismo político que instaló una cámara de videovigilancia, al menos, sin los permisos que se exige la Ley para que no se viole esa intimidad que ahora dice proteger.
En los últimos meses, el Gobierno municipal que encabeza Vicente Aroca ha entrado en una deriva que no puede ocultar. En la calle se palpa el descontento y cunde el desánimo, al comprobar que el alcalde ha sido incapaz de dar continuidad a un inicio de legislatura algo más esperanzador. Sus decisiones autoritarias recuerdan cada vez más a los últimos cuatro años de Sixto González, que fueron, sin ninguna duda, los peores en la historia democrática de La Roda. Aroca cree que su poder es absoluto, insulta a la oposición cada vez más a menudo, no admite el debate en los plenos y, ahora, da un paso más en su preocupante estrategia de oscurantismo informativo. No tardará en salir algún portavoz o vocero de la Causa que diga, baboseando y con el único objetivo de confundir, que las actas de las Juntas de Gobierno son públicas y que todo el que lo desee puede dirigirse al Ayuntamiento a recoger una copia. Pero es que no es eso lo que está en entredicho. La Ley obliga al Gobierno municipal a facilitar esas copias, sin posibilidad de decidir otra cosa. Lo que sí pueden hacer quienes dirigen el Ayuntamiento es facilitar ese acceso, con la publicación de las actas en la página web municipal, por ejemplo. Tal y como hacen otros ayuntamientos de la zona y tal y como se estaba haciendo aquí hasta ahora. Y se hacía porque todo eran ventajas: queda muy bien decir que se apuesta por la transparencia sin que nadie (ni oposición ni medios de comunicación perezosos, que se ciñen a lo que envía el gabinete de propaganda) se fijase en lo que realmente se aborda en esas Juntas de Gobierno. En cuanto han transcendido datos, cifras, hechos o informes del interventor que no han gustado, han desaparecido las actas de uno de los lugares más accesibles: Internet.
Si el Ejecutivo local no tiene nada que ocultar, está moralmente obligado a volver a publicar los documentos que se han retirado (que lo haga con iniciales para proteger la intimidad) y a seguir haciéndolo con las sucesivas reuniones que deben celebrarse. Si no, dará pie -como tantas otras veces ha hecho- a que los ciudadanos piensen que estamos ante una camarilla que controla desde hace 22 años el Ayuntamiento y que toma sus decisiones casi en secreto tratando de que el menor número de personas posible se entere a través de la fuente original (las actas); y sólo cuando esas decisiones son moldeadas a la Causa se presentan a la opinión pública a través del gabinete de propaganda o de una de las múltiples ruedas de prensa que sólo buscan manipular al votante.