- El contrato tendrá una duración inicial de diez años con posibles prórrogas hasta el año 2035. Consulte aquí el pliego de condiciones
El Ayuntamiento de La Roda ha abierto el proceso de concesión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a domicilio y limpieza viaria. El consistorio pretende adjudicarlo a una empresa privada para los próximos diez años con un presupuesto base de licitación de 949.977,30 euros al año. A partir de 2023, el contrato podrá prorrogarse cada dos años, con un máximo de seis prórrogas: es decir, podría estar en juego la limpieza de las calles de La Roda hasta el año 2035, aunque en una de las claúsulas del pliego de condiciones el consistorio se reserva la potestad de «rescatar el servicio».
La empresa concesionaria, que puede presentar su oferta hasta el 27 de noviembre, deberá asumir importantes servicios para los ciudadanos: recogida y transporte de contenedores y residuos en el núcleo urbano, Polígono Industrial El Salvador, paraje de San Isidro pedanías como Santa Marta o El Carrasco; recogida de residuos procedentes de la limpieza de parques y jardines; recogida y traslado al Punto Limpio o Centro de Eliminación de muebles y enseres domésticos desechables de los ciudadanos; recogida y traslado de restos animales; recogida selectiva de pilas; limpieza tras fiestas y mercadillos; limpieza de pegatinas y pintadas; etc.
En todo momento, la gestión estará «controlada y fiscalizada» por el Ayuntamiento, que podrá ordenar cualquier modificación en el servicio atendiendo al interés general.
La mesa que deberá decidir sobre la adjudicación de estos servicios estará compuesta por el alcalde, la concejala de Servicios, el concejal de Promoción Económica, un concejal del PSOE y otro de IU, dos técnicos municipales de medioambiente, la secretaria General del Ayuntamiento, el interventor de fondos y un funcionario de la corporación como secretario.
PUEDE CONSULTAR AQUÍ EL PLIEGO DE CONDICIONES
Ampliación que queda sin efecto
Esta convocatoria pública supone dejar sin efecto la polémica ampliación del contrato actual, con la empresa FCC, que el PP aprobó en solitario en el pleno del pasado mes de febrero para que la empresa pudiera cobrar la deuda que mantenía el consistorio (y que ya se ha saldado). Entonces, la oposición en bloque denunció «una torpe maniobra del alcalde», con la que el Ayuntamiento tendría que pagar casi medio millón de euros en concepto de intereses.
Tanto el secretario como el interventor emitieron informes mostrando sus dudas acerca de la legalidad de esta decisión del equipo de Gobierno, que ahora queda anulada.
