La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha detectado que el Ayuntamiento de La Roda no ha cotizado por sus trabajadores en la cuantía debida desde el 1 de enero de 2010 y, por ello, ha instado al consistorio a que regularice inmediatamente esta situación. Para ello, ha emitido un acta de liquidación -por el período 01/01/2010 – 31/12/2012, y que incluye un recargo del 20%- y le ha requerido que presente las liquidaciones complementarias de lo que llevamos de 2013, que también incluirían un encarecimiento. Concretamente, la Seguridad Social reclama el pago de, al menos, entre 118.000 y 120.000 euros por estas presuntas irregularidades. Al menos, esa es la cifra que ya ha confirmado el equipo de Gobierno, aunque no detalla si ahí van incluida toda la deuda -la de este ejercicio también- y los correspondientes recargos por demora.
En un informe firmado por la subinspectora de Empleo y Seguridad Social –que puede consultar al final de esta noticia-, este organismo “comprueba la existencia de una infracotización” por parte del Ayuntamiento de La Roda prácticamente en los tres últimos años. Durante ese período, lo que ha hecho el consistorio es acumular el pago de horas extras y complementos de sus trabajadores para pagarlos en dos o tres meses al año. “Con esta fórmula, en la mayoría de meses cotizaba únicamente por el salario base del trabajador”, explica una persona conocedora de este proceso, “y cuando abonaba las horas extras y complementos atrasados, la nómina engordaba tanto que se sobrepasaba la base máxima de cotización; por tanto, solo cotizaba por los primeros 3.425,70 euros”. Así, al final, lo que se pagaba a la Seguridad Social era menos de lo que correspondería en función del salario y el grupo profesional del trabajador.
¿Una práctica habitual en las administraciones?
“No estamos de acuerdo con el criterio que ha seguido la Inspección”, ha asegurado el concejal de Recursos Humanos, Aurelio Alarcón en una rueda de prensa para valorar lo sucedido. El equipo de Gobierno recurrirá la resolución porque entiende que no se pueden incluir los pagos de horas extras y complementos en el mismo mes que se producen porque el proceso burocrático es “arduo”. “En una corporación municipal, las horas extras tienen que ser aprobadas por el jefe se servicio, entonces pasa a la fiscalización de los servicios de Intervención por el Ayuntamiento y después a Junta de Gobierno local”, ha explicado Alarcón, “este proceso viene durando entre dos o tres meses”, ha añadido.
Sin embargo, lo que reprocha la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al equipo de Gobierno es que abone estos conceptos –y por tanto cotice por ellos- cada cuatro o seis meses, en el mejor de los casos –hay veces que han tardado hasta ocho-. Más del doble de lo que admite el edil que dura el proceso. Hasta 2010 esto no había ocurrido en el Ayuntamiento rodense y el proceso era el mismo.
Al menos siete denuncias relacionadas con el conflicto con la Policía Local
La resolución de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, se basa en la denuncia de un funcionario del Ayuntamiento, aunque no ha sido él sólo el que ha recurrido una situación “que perjudica claramente al trabajador de cara a su pensión de jubilación”, recuerda uno de ellos. Según ha podido saber CRÓNICA hay al menos siete denuncias de este tipo y la gran mayoría están relacionadas con la guerra abierta entre el equipo de Gobierno y la Policía Local, aunque desde el ejecutivo local, nuevamente, intente negarse. Estos funcionarios están indignados porque el Ayuntamiento les debe dinero y, además, no cotiza lo que debería por sus nóminas, o al menos eso entiende la Inspección.
Hay que recordar que estos retrasos en los pagos de horas extras y complementos -cuya justificación sale ahora a la luz: el consistorio pagaba menos cotizaciones sociales- fue el origen de un conflicto que destapó este periódico y que el Gobierno de Vicente Aroca -especialmente a través de su portavoz, Constantino Berruga- intentó desmentir hasta que la realidad acabó imponiéndose.
El equipo de Gobierno quiere tomar la iniciativa
Si finalmente, en vía administrativa o judicial, se confirma lo que apunta la Inspección, que el Ayuntamiento ha vuelto a cometer una mala práctica -«una trampa», como la definen desde la Policía-, serían nuevamente los ciudadanos de La Roda los que deberían pagarla con su bolsillo. Y es que además de pagar lo que, según la Seguridad Social «en su día deberíamos haber pagado», en palabras textuales de Aurelio Alarcón, al Ayuntamiento se le aplicaría un recargo del 20%, que saldría de las maltrechas arcas municipales. Habría también que abonar las costas del proceso judicial si finalmente el asunto acaba en los tribunales de forma desfavorable para el consistorio.
El tema -del que, posiblemente, se irán conociendo nuevos detalles en los próximos días- preocupa tanto en el Ayuntamiento que ha llamado la atención que haya sido el propio concejal de Personal el que lo ha desvelado, sabedor de que más pronto que tarde iba a acabar en los medios con todos los detalles. Antes de que eso sucediera, el equipo de Gobierno ha querido tomar la iniciativa política para controlar el asunto desde el principio. La oposición, de momento, no ha hecho valoración alguna.
