“Me van a quitar la casa”, lamenta entre sollozos agarrado a la maldita orden de desahucio. Sus sueños se derrumban de golpe con la tan temida notificación. No entiende ni consigue asimilar lo que está ocurriendo. Mira a su alrededor e intenta buscar una explicación lógica a la mala suerte que lo acompaña, pero no la encuentra. ¿Por qué?, pregunta con la voz desgarrada por el sufrimiento. Se viene abajo, pero sólo queda seguir luchando, intentar ser fuerte por el bien de su familia… y salir adelante. Pintadas con sus mejores recuerdos, las paredes que lo rodean recogen las ilusiones de toda una vida, alegrías y sonrisas que ahora han quedado convertidas en tristeza y desesperación por culpa de la carta más amarga que jamás hubiera imaginado recibir.
Se llama Juan Carlos Pérez y vive en la localidad granadina de Castell de Ferro junto a su mujer y dos hijos afectados de distrofia muscular degenerativa. La enfermedad que azota a los tres miembros de la familia, les impide trabajar y aportar más ingresos que los recibidos únicamente a través de un pequeño negocio de panadería gestionado con mucho esfuerzo por el padre. Esta misma semana, podrían perder la casa por acumular una deuda hipotecaria que asciende a los 20.000 euros y que nunca se han negado a pagar. Únicamente piden algo más de tiempo y unas mínimas facilidades para cumplir con el compromiso del que no han podido hacerse cargo hasta la fecha por sus propias circunstancias personales. La necesidad de adecuar el domicilio a los graves problemas de movilidad que padecen, la suma de costes derivados del tratamiento y un poder adquisitivo cada vez más bajo por culpa de la situación económica actual, han derivado en esta terrible situación. Saben que podrán pagar, pero necesitan algo más tiempo antes de que sea ejecutada la orden y queden tirados en la calle; pero, eso sí, con una deuda que deberán seguir asumiendo.
Es el drama que afecta a un gran número de familias españolas. Cientos de miles de ejecuciones hipotecarias que han acabado, en su mayoría, en los tan temidos desahucios contabilizando una media diaria de hasta 526 desalojos forzosos durante el año pasado. Las cifras son tremendas. Y en medio de ellas, el Gobierno pasando la mano por la chepa a la siempre todopoderosa banca.
La constante aparición en los medios de dramáticas imágenes relacionadas con impagos hipotecarios, ha dado paso a una extraña calma aparente tras el compromiso de los bancos de levantar un poco la mano en la tramitación de nuevos expedientes. Comienzan a revisar sus cláusulas abusivas -presionados por la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba las impuestas por tres entidades- y ahora se vuelven especialmente “sensibles” en determinadas circunstancias para las que antes actuaban sin la más mínima compasión. Afortunadamente, muchos empiezan a entender el drama que supone la pérdida del hogar por culpa de un sistema injusto y aportan soluciones alternativas urgentes que, casi por norma, suelen contar con la desaprobación y falta de apoyo unánime del Partido Popular; contrario en todo momento a adoptar medidas efectivas propuestas por los propios afectados en una situación descontrolada. Por su parte, la Junta de Andalucía consigue evitar 3.261 desahucios durante el primer año en funcionamiento del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda; lo que vuelve a demostrar que, efectivamente, si se quiere… se puede.
Las presiones ejercidas por distintas plataformas como la PAH, Stop Desahucios y numerosos movimientos ciudadanos, han sido determinantes para despertar la conciencia social ante el problema. Concentraciones de protesta, puesta en marcha de una ILP apoyada con 1.402.854 firmas -que el Gobierno decidió fusionar a su antojo con su propia propuesta de ley- y escraches a políticos, que eran calificados de “actos terroristas” por los mismos que luego increpaban a Susana Díaz imitando la misma táctica que su partido tanto había criticado. No cabe ninguna duda de la importancia que tiene la movilización ciudadana ante estos casos, el abandono del soporífero estado de letargo al que siempre nos han tenido sometidos, para gritar un enérgico “ya está bien” y hacernos oír por los que, se supone, nos representan y cobran por ello. Que trabajen para todos, y no sólo para el que, con una cara dura inmensa, se presenta ante la prensa en Nueva York para asegurar que este “es un momento fantástico para España porque llega dinero de todas partes”.
Aunque es evidente que algo está cambiando, el drama social de los desahucios persiste en casos como el de Juan Carlos. El problema no está resuelto, ni mucho menos. Es lo que podríamos definir, dando un giro al popular dicho, como haber “poco ruido y muchas nueces”. Los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial reflejan una caída del 23% en desahucios por impago de hipotecas y alquiler durante el segundo trimestre de 2013, pero con una cifra, todavía muy alta y triste, de 10.683 casos contabilizados. Por desgracia, aún son muchos los que padecen la ley hipotecaria más injusta y abusiva de toda Europa.
Y por supuesto, ahí quedan las cifras. Más de 400.000 viviendas desalojadas por disposición judicial desde 2008, una cantidad ingente de ilusiones perdidas y 120 suicidios que deberían caer como una losa sobre la conciencia de algunos. Las cifras hablan por sí mismas. Y aunque todavía estamos a tiempo de seguir cambiándolo todo… lo cierto es que las vidas y sueños dejados en el camino, lamentablemente, jamás podrán ser recuperados.