Mucho cuidadito con decirle botarate o tontolaba al antidisturbios que te está linchando a palos por ejercer tu derecho a manifestarte, porque encima te puede caer un buen paquete por el insulto. Y no sólo a ti, sino también al incauto que se atreva a grabar la paliza en su móvil desde el otro lado de la calle para publicar después el vídeo con carácter de denuncia. Es lo que hay por injuriar y atentar contra el derecho al honor e imagen del policía en pleno ejercicio de sus funciones; en este caso del ejemplo, soltando estopa.
Se trata de uno de los puntos a tener en cuenta dentro de la nueva Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana cuyo anteproyecto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Con ella se pretende ejercer más control sobre el ciudadano y silenciar cualquier tipo de voz opuesta que pueda resultar especialmente incómoda. Así que… ver, oír y callar; que es lo que tan estupendamente ha funcionado siempre. Y que a nadie se le ocurra salirse de la senda, porque si no ya sabe lo que toca.
Infracciones tipificadas como simples faltas administrativas, pasarían ahora a ser graves o muy graves con la nueva ley. Se intentan evitar algunas protestas cívicas que el Gobierno ya ha sufrido en sus propias carnes y no quiere volver a ver ni en pintura porque, sin duda, podrían llegar a hacerles mucho daño. Y aunque el Ministerio del Interior ha cedido ante Justicia al suavizar ligeramente el anterior texto normativo, las multas disuasorias planteadas siguen levantando una gran polvareda.
El nuevo borrador presentado por Jorge Fernández Díaz, considera falta grave los actos de “obstrucción” a un funcionario o autoridad en la ejecución de una resolución judicial, por lo que cualquiera que intentara paralizar un desahucio podría ser castigado con multas de hasta 30.000 euros. También se prohíben las concentraciones no autorizadas frente a las instituciones del Estado -como el Congreso, el Senado o los altos tribunales de justicia, aunque no registren actividad- tratando así de dar esquinazo a una serie de acciones reivindicativas que en los últimos tiempos han sido repetidas con bastante frecuencia. Acampadas en la calle -como las del 15M- serán sancionadas mientras desaparece del anteproyecto la participación en escraches debido a las numerosas críticas generadas, pero manteniendo, eso sí, la capacidad policial de extender cordones de seguridad si se “acosa” a un político.
Ofender a España, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, también queda contemplado en la futura ley. Pero… ¿será la propia Administración quien se encargue de decidir objetivamente si el país se siente ofendido? ¿Lo hará preguntando por teléfono, uno a uno, a los 47 millones de españoles? De la misma forma, se sancionará todo tipo de injurias, calumnias o falta de respeto a instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, en cualquier medio de difusión, cuando no constituyan delito. ¿Qué criterios se utilizarán a la hora de aplicar las multas teniendo en cuenta que la evaluación de una ofensa o falta de respeto puede ser algo subjetivo?
Estamos ante una ley hecha a medida; con faltas muy graves como la perturbación de actos públicos, espectáculos deportivos y culturales, solemnidades y oficios religiosos, quizá para evitar que María Dolores de Cospedal vuelva a ser abucheada en las celebraciones del Corpus. Y así hasta unas cuantas decenas de nuevos supuestos que, según el Ministerio del Interior, se imponen “por la constatación de los cambios en nuestra sociedad en los últimos 22 años”, desde la ley vigente de 1992 y en consonancia con la actual reforma del Código Penal que prepara el Congreso.
En resumen; recorte de libertades y derechos civiles enmascarados en una ley que se presenta bajo el epígrafe “seguridad ciudadana”. Ley de Seguridad Ciudadana, dicen. Me da la risa. ¿Por qué la llaman así cuando la única garantía de seguridad que ofrece es para ellos? Normas diseñadas para intimidar, disuadir, silenciar y neutralizar al ciudadano descontento. Sin embargo, no hace referencia a nuestra seguridad ante los políticos corruptos; mangantes de traje y corbata que se aprovechan del cargo, aceptan donaciones en dinero negro, se enriquecen a costa del contribuyente, evaden impuestos o defraudan hacienda. Ojalá nos hicieran sentir seguros ante el cumplimiento íntegro de las promesas de un programa electoral o un sistema judicial sin distinciones, con garantías de empleo digno y soluciones efectivas para erradicar problemas e injusticias sociales. La seguridad de un país sin mamoneo, al fin y al cabo. Eso es lo que necesitamos.
¿Qué será lo próximo? Probablemente, empezar a cerrar medios no afines o impedir que artículos de opinión como el presente jamás lleguen a publicarse para no ser carne de debate. O quizá sancionar en las redes sociales opiniones contrarias al Gobierno como ocurre en Vietnam. Porque el pueblo que protesta no interesa. Estamos mejor calladitos, viéndolas venir y aguantando el chaparrón. Eso es lo que siempre han querido y eso es lo que están consiguiendo en un país que jamás en la historia ha permanecido tan silencioso ante la tormenta, pero que afortunadamente empieza a despertar poco a poco con 60.000 manifestaciones de protesta organizadas desde el llamado “movimiento de los indignados” el 15 de Mayo de 2011.
La libertad de expresión es el pilar de la democracia y democracia no sólo es votar en época de elecciones. Democracia es intercambiar ideas y tener la oportunidad de expresar nuestra opinión libremente en una sociedad plural.
Por eso, estoy pensando ahora en unos cuantos a los que parecen incomodar tanto mis artículos, que han decidido privarme de su saludo, insultar y descalificar sólo por el hecho de pensar distinto a ellos en determinados temas. Muchas gracias, porque con vuestra actitud intolerante y sectaria me animáis a no callar nunca, a seguir diciendo públicamente lo que no me parezca correcto, como siempre he hecho, venga de quien venga y le pese a quien le pese. Pero, sin ninguna duda, vuestra actitud supone el más claro ejemplo de todo lo que aquí cuento: la absoluta intolerancia ante las críticas y opiniones contrarias. Y eso, precisamente, es lo que ocurre a nivel estatal con el anteproyecto de la denominada “ley mordaza”. Pretenden tenernos callados, y están dispuestos a lograrlo como más nos duele en estos tiempos: a golpe de multa y con el miedo por bandera.